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La sentencia no exime al perjudicado de abonar la tasa por el arrastre de su vehículo, ya que no acreditó que estuviera bien aparcado
Lo habitual es que sea el ciudadano el que pague a la grúa municipal. Y bien que duele. En cambio, en el caso que a continuación se narrará se ha dado una situación curiosa: un juez ha obligado a la grúa que retira las coches mal aparcados en Granada a abonar a un vecino 5.774 euros. No ocurre todos los días. La grúa se descacharró cuando arrastraba el vehículo de la ‘víctima’ y el turismo se desprendió y resultó dañado. El damnificado presentó una reclamación ante el Ayuntamiento de la capital, que es el titular del servicio, en la que exigía una indemnización de 7.806 euros por los destrozos, pero el Consistorio la desestimó en primera instancia.
El perjudicado acudió entonces a la justicia y ahora ha logrado una victoria parcial:no ha conseguido los 7.806 euros, cierto, pero sí 5.774.
Hay varios aspectos llamativos en la sentencia, que es firme, es decir, que no puede ser recurrida. En primer lugar, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Granada admite que el afectado cometió un error al demandar al Ayuntamiento por la vía civil: lo suyo habría sido actuar directamente contra la empresa concesionaria de la grúa.
«Peregrinaje jurisdiccional»
Sin embargo, el magistrado minimiza la importancia de la confusión y viene a concluir que los tribunales no deben marear a los ciudadanos que exigen una reparación. «El hecho de que la parte actora –el dueño del vehículo dañado– no demande al concesionario –de la grúa–, lo ha hecho en vía civil equivocadamente contra el Ayuntamiento (...), no es óbice para que se pueda condenar a aquél, que ha sido emplazado en el procedimiento. En definitiva, la forma en que se organice un servicio público no puede perjudicar a la parte actora, que no puede verse sometido a un peregrinaje jurisdiccional cuando hay una actividad administrativa denunciada por el desempeño de un servicio público», relata la resolución judicial.
La sentencia indica también que el Tribunal Supremo ya dejó sentado que una cosa es la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas y otra distinta, que tengan estén obligadas a evitar cualquier tipo de peligro a la ciudadanía. Esto último sería como convertir a las instituciones «en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse».
En este sentido, el juez recalca que es evidente que el perjuicio se produjo por una mala actuación de la empresa concesionaria de la grúa y, en consecuencia, es ella, y no el Ayuntamiento, la que debe asumir el pago de la indemnización. «No es cuestionable que es el defectuoso arrastre del vehículo el que ocasiona los daños (...) Para este juzgador es claro que los daños en el vehículo del actor se producen como consecuencia de haberse desprendido el vehículo de la plataforma de arrastre» al subir una pendiente, detalla la sentencia.
El Consistorio rectificó
Se da la circunstancia de que el pasado mes de agosto, un par de años después de que el Ayuntamiento rechazara la reclamación, el propio Consistorio reconsideró su postura y dictó un decreto en el que culpabilizaba del incidente a la empresa concesionaria de la grúa.
Sea como fuere, la sentencia no da totalmente la razón al perjudicado y descarta incluir en la indemnización «la factura del taxi» que tuvo que coger el demandante. Para el magistrado, «resulta de difícil justificación» añadir ese gasto a la cuenta total.
Y una cosa más: la resolución rechaza la petición del perjudicado de que le fuese reintegrada la tasa que cobra la grúa por llevar un automóvil mal estacionado al depósito municipal. La razón: no acreditó que el turismo estuviera bien aparcado. Él pago. Ahora le toca a la grúa.
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